"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
CERMI-Aragón se adhiere al Manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer de la Fundación CERMI Mujeres
08/03/2022
Día Internacional de la Mujer
VEINTICINCO AÑOS DE CONQUISTAS Y REIVINDICACIÓN
Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres y niñas con discapacidad no podemos dejar pasar la oportunidad para denunciar un año más la situación de exclusión a las que nos vemos sometidas de manera sistemática como ciudadanas. Aun cuando en los últimos años se han producido importantes avances en la conquista formal de derechos y existe en la sociedad en general una mayor toma de conciencia sobre nuestra realidad, sin embargo, queda mucho camino por recorrer todavía.
No podemos olvidar que en este 2022 el movimiento CERMI celebra su veinticinco aniversario, un cuarto de siglo en el que las mujeres con discapacidad organizadas hemos alzado nuestra voz para denunciar cómo seguíamos siendo olvidadas en Beijing 95, a pesar de que se hablara de trasversalidad de género y se reconociera, al menos en el papel, la diversidad de las mujeres. Un cuarto de siglo en el que vio la luz el primer Manifiesto de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Europa, impulsado en 1997 por el Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad, así como su secuela, el segundo Manifiesto en 2011, más maduro y reflexivo. Veinticinco años en el que el movimiento social de la discapacidad a nivel mundial alcanzó la conquista histórica de ver reconocidos sus derechos a través de un tratado internacional en el sistema de Naciones Unidas, una conquista que se consiguió gracias a las reivindicaciones de una base social crítica y activa, formada por mujeres y hombres con discapacidad de todo el mundo.
Todo esto sucedió, además, en un periodo en el que se produjo una importante eclosión de organizaciones de mujeres con discapacidad que luchaban por sus derechos como mujeres, poniendo el acento en ese artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tanto costó introducir en el texto definitivo, y al mismo tiempo, tomando como referencia ineludible la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Veinticinco años en los que por vez primera una mujer con discapacidad consiguió llegar a formar parte del Comité CEDAW, enarbolando su firme compromiso de no dejar atrás a ninguna mujer ni niña de este planeta.
También han sido años en los que veíamos cómo se aprobaban en nuestro país leyes clave para el reconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, concretando así en forma de derechos nuestras reivindicaciones, aunque con desigual éxito en su aplicación.
Hemos continuado el camino hasta que en fechas bien recientes se concretaron otros avances con un evidente impacto en las mujeres de nuestro sector, tales como la adopción de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, que modificó el Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, así como la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Pero, reiteramos, queda aún mucho camino por recorrer. Y es que conviene tener presente que, según datos del XII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2018 publicado recientemente por el Ministerio de Igualdad, el 20% de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas y/o exparejas en nuestro país durante ese año tenían algún tipo de discapacidad.
Esta realidad tan preocupante choca frontalmente con la inexistencia de una política pública en materia de violencia contra las mujeres que tome seriamente en consideración nuestra situación específica. Ni los recursos ni los servicios de atención en este ámbito son plenamente accesibles ni inclusivos. Tampoco las y los profesionales especializados cuentan con una formación idónea para dar respuesta a esta realidad ni se han establecido protocolos de actuación adecuados que permitan un abordaje integral. A esto hay que añadir los innumerables obstáculos que tenemos que salvar a la hora de denunciar la violencia de la que somos objeto, así como la falta de credibilidad que como denunciantes y testigos tenemos, sin olvidar las barreras de todo tipo que nos impiden acceder a la justicia en igualdad de condiciones.
No olvidamos tampoco que en la última década más de 1.000 personas, sobre todo mujeres con discapacidad han sido esterilizadas contra su voluntad en España al amparo de art. 156.2 del Código Penal, ya derogado. Y aunque esta práctica nociva, inhumana y degradante ha sido desterrada de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, nos inquieta enormemente que pueda seguir perpetrándose contra el cuerpo de nuestras mujeres por otras vías, aún más ocultas e invisibles y, por ende, más difíciles de controlar. También nos preocupan las secuelas de toda índole que estas esterilizaciones forzadas hayan podido producir en la vida de las mujeres con discapacidad. Y es que nuestros derechos sexuales y reproductivos continúan siendo un terreno vedado donde se aplican férreos controles sobre el placer de nuestros cuerpos y sobre nuestra fertilidad, anulándonos como mujeres.
A estas formas de violencia, hay que sumar la sistemática violencia económica a la que nos vemos sometidas como trabajadoras en precario, con una tasa de actividad que ronda el 34%, es decir, 42 puntos porcentuales menos que la población sin discapacidad y con un salario bruto anual 5.500 euros inferior que al de una persona sin discapacidad. Nuestra tasa de paro es del 22,4%, o lo que es lo mismo, siete puntos superiores a la de la población sin discapacidad. Esta situación nos aboca directamente a la pobreza y a la exclusión social sin paliativos e invisibiliza, a su vez, la ingente tarea que nosotras también realizamos en el ámbito de lo reproductivo, en esa esfera no monetizada en la que no somos meras receptoras de cuidados, sino que también los proveemos.
Esto es solo una muestra de que, si bien en estos veinticinco años de movilización social hemos avanzado mucho en la conquista de derechos y que estos cambios normativos han ido también de la mano de una profunda trasformación de la sociedad española, sin embargo, el día a día muestra que nuestra ciudadanía sigue siendo subalterna, por lo que en un día como hoy, una vez más, EXIGIMOS:
- Que se pongan en marcha todas las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizando su adecuada dotación presupuestaria a fin de asegurar una política pública de detección, asistencia, ayuda y protección plenamente accesible e inclusiva que tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas. En este punto reivindicamos de manera especial la figura de la asistencia personal y la puesta a disposición de servicios de logopedia, ya que, en caso contrario las mujeres con discapacidad y grandes necesidades de apoyo no tendrán oportunidades reales para la acceder a la justicia ni para romper el círculo vicioso de la exclusión.
- Que se garantice la equidad en el acceso a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, a las mujeres y niñas con discapacidad, sin olvidar a las supervivientes de violencia de todo tipo, incluidas a las mujeres con discapacidad que han sido esterilizadas contra su voluntad.
- Que se arbitren medidas de reparación integral dirigidas a las mujeres con discapacidad esterilizadas forzadamente en el pasado y en el presente para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos.
- Que se diseñen y apliquen políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y discapacidad en un enfoque de doble vía. Todas las políticas y programas de fomento del empleo y la formación profesional deben tomar en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad, y especialmente de aquellas que presentas grandes necesidades de apoyo, así como su discriminación múltiple como consecuencia de la interseccionalidad de otros factores, como la edad, la orientación sexual, la ruralidad, la inmigración, las minorías étnicas, el ser víctima de violencia de género, estar en riesgo de pobreza...
- Que en las nuevas políticas sobre cuidados se destaque la dimensión de empoderamiento que estas políticas implican, dando visibilidad y contabilizando todas las contribuciones no monetizadas que nosotras, las mujeres con discapacidad llevamos a cabo en el ámbito de la reproducción de la vida y que son esenciales para que el sistema económico, tal cual está concebido en la actualidad, siga funcionando.
- Que, al hilo de lo anterior, se amplíen los permisos retribuidos por cuidado de hijas e hijos, sobre todo tras el nacimiento, y se concedan por cuidado de personas en situación de dependencia. Asimismo, reclamamos ayudas económicas directas por cuidados (prestación universal por menor a cargo) y que se articulen fórmulas que permitan la conciliación, contando también con las tareas de autocuidado de la salud, por razón de discapacidad. Solo así, se realiza una verdadera apuesta por eliminar el empobrecimiento y la exclusión de las mujeres con discapacidad, especialmente si son o desean ser madres.
- Que se pongan en marcha políticas eficaces de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia que hagan especial incidencia en la desinstitucionalización de mujeres y hombres con discapacidad, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia impulsando así una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, anticapacitista y verdaderamente feminista.
¡POR NOSOTRAS, POR NUESTROS DERECHOS,
POR TODAS LAS MUJERES!
